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Los Principios Directores sobre el Pluralismo Educativo
INTRODUCCIÓN. El pluralismo educativo hace referencia a los sistemas de educación en los que múltiples tipos de proveedores imparten enseñanza y el Estado conserva la responsabilidad de garantizar tanto una financiación adecuada como estándares de calidad en el marco de un sistema de educación obligatoria. Esta es la forma más habitual en que los Estados de todo el mundo estructuran y regulan sus sistemas escolares. Los sistemas educativos pluralistas financian una amplia variedad de escuelas que se diferencian entre sí (por ejemplo, en sus orientaciones religiosa, moral, filosófica, cultural, lingüística o pedagógica) y, al mismo tiempo, someten a todas ellas a estándares académicos, sanitarios, de seguridad y de calidad. El pluralismo educativo está anclado en los principales instrumentos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, y se articula en torno a cuatro principios clave sustentados en argumentos jurídicos y filosóficos.
PRIMERO. La educación es una empresa orientada por valores y de carácter permanente.
La educación constituye una unidad esencial en lo que respecta a los contenidos y herramientas de aprendizaje, la cultura, las políticas de personal y las prácticas de enseñanza, entre otros aspectos. Cada elemento de la educación es inherentemente formativo y contribuye al desarrollo integral del educando. La educación tiene por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y la realización de su dignidad. La educación no es neutral respecto a la religión, las creencias, la filosofía y los valores, entre otras nociones culturales. El pluralismo educativo defiende, por tanto, una diversidad de opciones educativas que se diferencian entre sí de manera significativa.
SEGUNDO. La educación es a la vez un bien común y un bien personal. Las oportunidades y capacidades de la próxima generación no solo afectan a los jóvenes y a sus padres, sino también a las sociedades en las que viven. Este bien común y personal justifica que los Estados establezcan estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y responsabilidad que todos los programas educativos deben cumplir. Incluso cuando múltiples actores imparten educación, el Estado mantiene la responsabilidad de garantizar que la educación sirva al bien común, financiándola, fijando estándares mínimos y asegurando el acceso equitativo.
TERCERO. La educación es responsabilidad compartida de las familias y el Estado. La educación se apoya en la sociedad civil para su realización. En un sistema educativo pluralista, los tres actores son esenciales. Los padres y el Estado, en cooperación con la sociedad, imparten educación, mientras el Estado actúa como garante de la financiación, la calidad, el acceso y la provisión educativa. Un sistema educativo pluralista permite la participación activa de la comunidad en el proceso educativo, fomentando la colaboración entre padres, docentes, alumnos y la sociedad en general, y promoviendo el diálogo intergeneracional.
CUARTO. Las opciones educativas deben ser accesibles para todas las familias. Los mecanismos de financiación pública deberán cumplir las normas de derechos humanos, y serán equitativos, transparentes y orientados al alumno. Las opciones educativas no deberían depender de la capacidad económica de las familias, y el Estado debe procurar ofrecer el mayor número posible de opciones educativas. El pluralismo busca garantizar que estas opciones sean disponibles, accesibles, aceptables, adaptables y rindan cuentas a todas las familias en el ámbito de la educación obligatoria.
CONCLUSIÓN. El pluralismo educativo es una piedra angular del derecho a la educación y de la dignidad humana. El pluralismo contribuye así a la diversidad, que a su vez favorece una educación inclusiva y de calidad. El pluralismo educativo propicia la convivencia y refuerza la formación cívica sólida y la cohesión social. Los Estados tienen la obligación de garantizar la existencia de opciones educativas que reflejen los valores y las responsabilidades de las familias, si bien corresponde a los gobiernos, en su condición de garantes, asegurar estándares de aprendizaje sólidos para todos.